Durante años, en el ámbito jurídico español, sólo las personas físicas podían ser consideradas responsables penales. Sin embargo, a partir de la reforma del Código Penal en 2010, y su posterior clarificación mediante la Ley Orgánica 1/2015, se introduce de forma expresa la responsabilidad penal de las personas jurídicas, marcando un antes y un después para las organizaciones en España.
Desde entonces, las empresas pueden ser condenadas por delitos cometidos en su nombre, por su cuenta y en su beneficio, ya sea por sus representantes legales o por personas sometidas a su autoridad. El Código Penal establece que la única forma de eximir o atenuar esta responsabilidad es haber adoptado, antes de la comisión del delito, un modelo de organización y gestión eficaz, con medidas idóneas de vigilancia y control.
Este modelo, también conocido como compliance guide o plan de prevención de riesgos penales, debe incluir:
Además, conviene tener en cuenta que el plazo de prescripción de los delitos puede ser más amplio cuando se trata de personas jurídicas, y que muchas acusaciones penales prefieren dirigir sus acciones contra una empresa, al considerar que existe un mayor margen de obtención económica en caso de condena.
Las sanciones para la empresa pueden ir mucho más allá de una multa económica. Pueden conllevar la suspensión de actividades, clausura de locales, inhabilitación para contratar con la administración o incluso la disolución de la sociedad.
Por todo ello, hoy más que nunca, se hace imprescindible contar con profesionales especializados que puedan liderar la implantación de estos sistemas de cumplimiento. Aquí entra en juego la figura del Controller Jurídico o Compliance Officer, responsable de elaborar, ejecutar y supervisar el plan de prevención, así como de formar a la plantilla, analizar los riesgos penales aplicables al negocio y garantizar el cumplimiento de la normativa vigente.
Este perfil profesional es cada vez más demandado, tanto por grandes empresas como por pymes que desean minimizar su exposición legal. Su trabajo no sólo protege a la organización frente a posibles sanciones, sino también a las personas que la dirigen.
Este curso permite adquirir los conocimientos necesarios para asumir este rol con garantías, conocer la normativa vigente, identificar las áreas de riesgo, aplicar medidas preventivas y contribuir a que la empresa se mantenga dentro del marco legal penal, evitando consecuencias graves tanto a nivel económico como reputacional.
Este curso se imparte en modalidad 100?% online y está tutorizado por profesionales con experiencia en derecho penal y cumplimiento normativo. Nuestro equipo docente te acompañará durante todo el proceso formativo, resolviendo tus dudas y ayudándote a aplicar los contenidos a la práctica real. Además, contarás con una atención cercana y personalizada para que aproveches al máximo tu aprendizaje.
Al finalizar el curso, el alumnado será capaz de:
Recomendado para personas tituladas en Derecho, ADE, Económicas u otras áreas relacionadas que deseen iniciarse en el ámbito del compliance penal y la prevención de riesgos en organizaciones públicas o privadas.
Personas tituladas en Derecho, ADE, Económicas o áreas afines interesadas en compliance penal; profesionales por cuenta propia que quieran especializarse en prevención de riesgos legales; y directivas/os, responsables de empresa o personal con funciones de supervisión y control que necesiten implantar modelos eficaces de cumplimiento normativo para evitar sanciones penales que afecten a la organización o a sus representantes.