La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD-GDD), de aplicación directa desde el 6 de diciembre de 2018, adapta nuestro ordenamiento jurídico al RGPD y completa sus disposiciones.

Cada vez más empresas necesitan protegerse frente a riesgos penales. Por eso crece la demanda de controllers jurídicos, especialistas en diseñar e implantar modelos de prevención conforme al artículo 31 bis del Código Penal.

La contratación del sector público ha de ajustarse a lo estipulado en la normativa vigente desde marzo de 2018, que busca garantizar la libertad de acceso a las licitaciones y la transparencia en los procedimientos.

La entrada en vigor de la nueva legislación en materia de protección de datos (RGPD y LOPD-GDD) exige mayor compromiso por parte de organizaciones públicas y privadas para garantizar un correcto uso y protección de los datos que manejen.

Este curso te permitirá comprender la normativa de facturación electrónica y su aplicación en transacciones B2B y con la Administración, garantizando el cumplimiento legal y la correcta gestión de las facturas digitales.

La obligación de asumir la responsabilidad penal por los posibles delitos que comentan sus empleados exige a las empresas extremar sus precauciones en cuanto a la prevención, entre otros, del blanqueo de capitales.

La nueva regulación del Procedimiento Administrativo Común y del Sector Público busca suprimir duplicidades de órganos administrativas, complejidades procedimentales, ineficacias, inseguridad jurídica y costes excesivos.

Conocer las particularidades ligadas a autoría y a la propiedad intelectual e industrial es fundamental para ejercer nuestros derechos y evitar sanciones ante un uso indebido de obras publicadas en la red.

La protección de datos personales y la garantía de derechos digitales son fundamentales, por ello, es vital para usuarios y empresas conocer la legislación y buenas prácticas al respecto.

Los beneficiaros de las subvenciones mediante las cuales el sector público busca dar respuesta a demandas sociales y económicas han de conocer cómo gestionarlas, a fin de evitar irregularidades punibles.